Por Matías Carugati Economista
Si bien no sabemos nada aún sobre el plan económico, hay algunas ideas-fuerza que ganan terreno. En materia de actividad, la intención es “arrancar el motor” mediante un aumento en el ingreso de los hogares. El Gobierno entrante tendría pensado otorgar un aumento inicial en las jubilaciones, planes sociales y salarios de empleados públicos. En materia de precios, la idea es una mesa de diálogo que permita canalizar las discusiones de los distintos sectores. Una suerte de concertación (por no decir, congelamiento) de precios generalizado, que logre anclar expectativas y alinearlas en un sendero descendente. En cuanto a la deuda, tercera cuestión apremiante, se descuenta hace tiempo una negociación con los acreedores que permita oxigenar el panorama financiero de los próximos años.
¿Condenados al éxito o al fracaso? En materia económica, Alberto Fernández jugará varias partidas en simultáneo, con la complejidad de que los movimientos en un tablero afectarán los demás. Para que el aumento de gasto financiado con emisión mueva la rueda del consumo y no se traslade en gran medida a los precios o el tipo de cambio, la clave estará en reactivar la demanda de dinero. Acá es cuando entra el rol de las expectativas. Ni el cepo cambiario ni un acuerdo de precios van a hacer que la gente forzosamente mantenga pesos que no desea. Si se los quieren sacar de encima, tarde o temprano encontrarán la forma de hacerlo. Por eso se precisan señales del Gobierno entrante de que habrá una política económica sensata y consistente, como para convencer a los demás de que el Estado también está siendo responsable en una coyuntura crítica.
El punto de partida debería ser fiscal. Si se asume el compromiso de llevar las cuentas fiscales a terreno superavitario en un plazo razonable y se resuelve el tema de la deuda de forma acertada, las condiciones estarían dadas para que las expectativas se alineen. Lógicamente, no es fácil renegociar la deuda cuando el stock de reservas no alcanza para cubrir siquiera seis meses de vencimientos (con el sector privado) y el acceso al financiamiento está cortado. En este contexto, las declaraciones de Alberto de que no pedirá más plata al FMI ni que hará un ajuste del gasto público son señales de que las negociaciones serán duras, ya que el aumento esperado en la presión impositiva tampoco generará recursos suficientes.
Ambas partes tienen incentivos a negociar. Aun sufriendo pérdidas en valor presente neto, los acreedores obtendrían ganancias en escenarios bien variados. Y al Gobierno le interesa evitar un nuevo default, con los costos que ello acarrea. De todos modos, hay riesgos de que la negociación salga mal. Buscar un alivio financiero significativo puede extender las negociaciones más allá de lo que aguanten las reservas. Y obtener un pequeño alivio financiero para cerrar rápido un acuerdo puede significar que el problema se posponga (y se agrande) en un futuro no tan lejano. No olvidemos al tercer actor. El FMI recién empieza a cobrar significativamente en 2021, pero su status de acreedor privilegiado puede complicar las negociaciones con el sector privado.
Incluso el mejor plan puede fallar. Como mencionamos previamente, el tema fiscal es el punto de partida en este juego de señales. Un gobierno que negocia de buena fe y promete responsabilidad con sus finanzas aumenta su crédito, pero aun así precisa tener un buen diagnóstico en las demás áreas y secuenciar las medidas correctamente. Además, la política juega, sobre todo con Cristina de vicepresidenta monitoreando desde el Congreso. Y no olvidemos el factor suerte (lo que pase en el resto del mundo). El 2020 todavía no llegó y promete ser movido. Para colmo, este partido puede llegar a resolverse en los primeros meses.
